Una crítica punto por punto a la ropuesta de la Fundación Rockefeller sobre la “Supervisión pública responsable de proveedores privados en sistemas de salud mixtos”

Resumen

En 2010, la Asamblea Mundial de la Salud (WHA, por sus siglas en inglés) propuso, pero no logró discutir, una resolución sobre la regulación del sector privado de salud.1 En retrospectiva, parece adecuado hacer una revisión extensiva del informe (2008) de la Fundación Rockefeller (FR) sobre el mismo tema: “La gestión pública de los proveedores privados en los sistemas de salud mixtos”. El punto débil del documento de la FR (y de la resolución de la WHA antes mencionada) es que ninguno brinda la evidencia empírica necesaria para mostrar que una mejor regulación “gestadora/administrativa” en países de ingresos medios y bajos (LMICs, por sus siglas en ingles) ha logrado proveer atención de calidad, accesible y asequible para todos en sistemas de salud mixtos público-privados. En este artículo damos voz a nuestro escepticismo sobre la posibilidad de que la gestión pública funcione en sistemas mixtos dentro de LMICs. Además, el informe de la FR no revisa el acceso a la atención en salud de calidad desde una perspectiva de derechos humanos; el derecho a servicios de calidad simplemente es pasado por alto. El informe recomienda “nuevas soluciones” (lo que en la práctica significa “soluciones aún por demostrarse” a problemas en la regulación bien conocidos y no proporciona ninguna evidencia de sus ventajas. Por ejemplo, sostiene que la regulación de sistemas de salud mixtos público-privados puede ser exitosa sin brindar evidencia alguna; ni siquiera a nivel local. Esta falta de evidencia resulta sorprendente ya que tenemos unos buenos 20 años de experiencia con tal regulación. Nosotros concluimos que a) los proveedores privados nunca serán controlados efectivamente en LMICs únicamente por medio de la regulación y b) que el informe refleja el sesgo ideológico de la FR en contra de sistemas de salud de pagador único con cobertura universal. Sostenemos que la “alternativa de la regulación” simplemente no es un sustituto del fortalecimiento del sector público. Muchas de las medidas propuestas por el informe de la Fundación Rockefeller no son necesariamente equivocadas, sino que están aplicadas a un sector privado que goza de una posición establecida que les ha dado acceso a la provisión de atención en salud como privilegio y no como derecho. De hecho, seguimos convencidos de que si algunas de las medidas propuestas fueran aplicadas al sector público en salud (con ministerios a largo plazo y financiación de donantes) harían mucho por el logro de la meta: Salud para Todos. Las pasadas experiencias de Costa Rica y de Sri Lanka sugieren que los mercados privados de salud en los LMICs solo han podido ser controlados de manera efectiva en países donde el sector público era un competidor efectivo. Un sistema público de salud bien organizado y financiado, que provea atención integral (que no esté restringido a programas verticales de control de la enfermedad y que no trate a la salud como un producto) es la única alternativa en el exceso de proveedores privados de los sistemas mixtos de salud de los LMICs.